ladiaria 16/06/09 - Inés Acosta

Menos mala que una molleja                                   

Distintas razones para legalizar la marihuana

“A porropósito de la legalización”. Así se denominó la charla realizada la semana pasada en el café la diaria, organizada por Prolegal/Proderechos, un colectivo que desde 2006 se moviliza, entre otras cosas, para cambiar la normativa sobre drogas en Uruguay. Los expositores fueron la doctora Raquel Peyraube, cofundadora del Grupo de Cavia, vinculado a la problemática en torno a las drogas; el psicólogo Gabriel Eira, docente investigador de la Facultad de Psicología; el abogado Diego Camaño, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), y el sociólogo Rafael Bayce. También estaba invitado Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, pero por motivos de agenda no pudo asistir.

Peyraube, quien abrió el debate, dijo desde el vamos que está de acuerdo con la legalización de todas las drogas en su forma más pura, sin catalogarlas por su peligrosidad, ya que las consideradas “más peligrosas” por su toxicología y drogodependencia son legales, y son el alcohol y el tabaco.

A Peyraube le parece una “torpeza” dejar fuera del debate por la legalización muchas sustancias que están siendo más utilizadas. Sin embargo, entiende que políticamente y como aprendizaje se debería empezar por legalizar la marihuana, “la droga de tráfico ilícito más soportablemente legalizable”. “Más allá de lo que nos parezca sensato hacer, la posibilidad o no de legalizar depende de la tolerancia que tengan los distintos pueblos. Que algo sea legal no quiere decir que pase a ser legítimo para la población”, opinó.

A su entender, la legalización podría cambiar el escenario y propiciar medidas de consumo más saludables para los consumidores. “Parecería que lo que hace posible que una sustancia sea objeto de contextualización en una política de reducción de daños es que sea lícita o ilícita. Si la voluntad política era ésa, no entiendo por qué hace cinco años, cuando teníamos una emergencia importante por el consumo de pasta base, no se hizo nada, cuando sabemos perfectamente que el uso de cannabis reduce sustancialmente el síndrome de abstinencia a la pasta base, al crack o a la cocaína. No es un antídoto, pero sí es relajante y ansiolítico. Además,

los usuarios de drogas de tráfico ilícito no tienen posibilidades de pedir información sobre la sustancia que consumen y eso les genera consecuencias indeseables”, señaló, y agregó: “Hay que ver si lo que interesa es cuidar el cargo y la imagen pública o realmente hacer una política de salud vinculada al tema drogas, que no pasa por abrir centros de internaciónpara adictos con sobredosis”.

En ese sentido, mencionó que una política de salud debe considerar tres aspectos: reducción de la oferta de sustancias, reducción de la demanda, y otra que aquí no se aplica, que es la reducción de daños vinculados a los efectos de las drogas, a sus modalidades de uso y a la respuesta social al problema que criminaliza al usuario. “Para hacer reducción de daños hay que plantear un cambio ético que a su vez supone legalizar, que no es sinónimo de liberar. Se trata de normalizar, saber quién, cómo, dónde y qué se consume, y no crear un terrorismo discursivo que se utiliza para generarmiedo”, dijo.

Para Peyraube legalizar el consumo de drogas ilícitas es una medida sensata, más allá de si nos parece bien o mal. “Una política pública debe incluir a la mayor parte de la población y generar dispositivos para que la mayoría esté incluida, más allá de sus opciones. Si alguien elige consumir drogas no puede ser excluido del sistema de salud y del derecho a la información. Tampoco se le da derechos para acceder a tratamiento, porque si recae es visualizado como un fracasado, alguien que traicionó al sistema”, señaló.

La doctora explicó que el consumo se vuelve problemático cuando afecta una o más de las cuatro áreas vitales del sujeto: su salud psíquica o física, su relación con el colectivo social, su trabajo o estudio y sus relaciones íntimas. “Ese perjuicio debe estar demostrablemente vinculado al uso de la sustancia. Eso de decir ‘mi hijo consume marihuana los viernes de noche y a mí me molesta y entonces se arman unos escandaletes de novela’ no es un problema derivado del uso de la marihuana. Sí estamos ante un problema familiar cuando un señor se alcoholiza y bajo los efectos del alcohol muele a palos a su familia, eso sí es demostrablemente una consecuencia negativa del uso de esa sustancia”, señaló, y agregó que la mayoría de las personas no pasa a consumir drogas más duras por el efecto de la escalada, sino porque le ofrecen otras sustancias cuando va a comprar marihuana. “Considero que no se legaliza porque no hay voluntad política y porque los políticos confunden lo que quieren para su vida personal con lo que se elige para la mayor parte de la población”, concluyó.

Paradojas de ley

Por su parte, Camaño dijo que son importantes las políticas internacionales en relación con las drogas, ya que, “en la medida en que no cambien ciertos lineamientos internacionales, las posibilidades de cambio a nivel interno del país son muy limitadas”. Además, consideró que es importante saber lo que piensan los precandidatos presidenciales sobre este tema. “Algo se ha explicitado pero no de un modo suficientemente claro para saber realmente qué están diciendo y ver si lo que quieren es captar votos de la juventud o realmente tienen una propuesta concreta”.

Tal como explicó Camaño, durante mucho tiempo Uruguay tuvo una absoluta ausencia de normas en este tema sin que haya existido un caos social. Recién en 1934 en el Código Penal aparece un artículo dedicado al comercio de coca, opio y sus derivados. En 1973, durante la dictadura, se sanciona el decreto-ley 14.294, que se convierte en la primera legislación sobre este tema en el país. “Paradójicamente este decreto-ley es una legislación bastante más liberal que la de otros países de la región, porque aun en esa circunstancia histórica se permitió el consumo y la tenencia de una cierta cantidad para el consumo personal, situación que no comparte Argentina”, dijo.

En 1998 se sancionó la ley 17.016, que es más permisiva y razonable respecto de la tenencia de determinada cantidad de sustancia, adecuada al grado de dependencia del individuo. “No es un sistema tasado y queda sujeto a la discrecionalidad judicial. La gran paradoja que tiene esta legislación prohibicionista es que prohíbe todas las conductas (comercialización y autocultivo) que son el precedente necesario de una conducta final que sí está permitida: el consumo”, opinó.

Con relación al autocultivo, Camaño dijo que ese punto no queda claro en la ley, ya que los jueces tienen criterios diversos sobre este punto. Por ejemplo, hay jueces que procesan por tener una planta de marihuana y otros que no. “La tenencia para consumo plantea otros problemas. Está el que compra para los amigos y es imposible hacerle entender a un juez que de la misma manera como se compra un asado para diez personas se puede comprar marihuana para diez amigos en una fiesta. Hay situaciones de tenencia para consumo que son ingresadas al sistema penal por tratarse de una cantidad superior a la razonable, pero en muchos casos se trata de una persona que compra en gran cantidad, de 150 a 200 gramos de marihuana para pasar el verano, y si la detienen en la ruta obviamente la van a procesar. Todos podemos entender, sin haber pasado por la Facultad de Derecho, que eso no es una conducta criminal y que muchas veces se hace para tratar de evitar situaciones de riesgo que se originan cuando la persona debe ir todas las semanas a comprar la droga, tal como el que cultiva su plantita se evita el riesgo de pasar por eso”, expresó.

Para Camaño legalizar equivale a que exista un control del Estado. “La guerra contra las drogas sólo ha causado desastres contra la humanidad. La política encabezada por Estados Unidos ha causado una suba en el precio de las sustancias y una baja en su calidad. Es una política que permite intervenciones militares al estilo del Plan Colombia y bajo la excusa de la guerra contra las drogas permite dominar políticamente a otros países. Esta absurda guerra contra las drogas, que no nos ha llevado a nada, recae sobre los usuarios y los productores, que en muchos países son las comunidades indígenas”, dijo.

Camaño opinó que no se legaliza porque, “si bien la guerra contra las drogas es un fracaso,al mismo tiempo es un éxito para las burocracias que viven del prohibicionismo y se retroalimentan con eso, como Naciones Unidas, policías especializados, abogados, etcétera. Gracias a esta burocracia existe una serie de condicionamientos que hacenque ningún país pueda encarar una política más permisiva solo o aislado del resto”.

Brigadas anti molleja

Bayce centró su exposición en las razones originales por las cuales se penalizaron las drogas: sanitarias, políticas, morales, económicas y culturales. “Son paupérrimas las razones por las cuales se penalizó y de todas maneras se mantienen y no se despenaliza. En el caso de Uruguay, la justificación oficial de la penalización tiene que ver con la defensa de la salud pública, supuestamente afectada por las conductas relacionadas con unas sustancias declaradas ilícitas. Esto es un disparate, ya que ninguna droga ilícita figura entre las principales causas de mortalidad en Uruguay. Si prohibimos las drogas con este justificativo tendríamos que prohibir todo. No sólo no atenta contra la salud pública, sino que la prohibición es contraproducente para la salud pública porque, como ya mencionó Peyraube, la gente se atiende peor porque está estigmatizada. El problema es que también se persigue penalmente mientras que las verdaderas causas de morbilidad y mortalidad no son penalizadas y son mucho más perjudiciales, como el colesterol causado por los ácidos grasos saturados. Una parrillada con vino lija en verano es letal, y no hay brigadas de incautación de mollejas, no hay perseguidores de gordos comedores de torta ni de diabéticos que comen pan. No se preocupan de ninguna de esas cosas y, sin embargo, están presos aquellos que consumen cosas infinitamente menos perjudiciales que los choripanes a la entradadel estadio”, dijo.

Bayce dijo, además, que existe “un universo simbólico moral judeo-cristiano que penaliza el placer y los estados alterados de conciencia, y que está a favor de la productividad capitalista para la cual esos estados de conciencia son contraproducentes. Las sustancias, que en realidad no generan el daño sanitario que se dice, se mantienen como cucos, aprovechando algunos ingenuos y otros corruptos de ese universo moral que hace que cosas insignificantes sanitariamente tengan relevancia social y persecución penal”.

Para el sociólogo, otro problema grave son los intereses políticos para controlar a la población. “Estados Unidos se convirtió en el primer productor mundial de marihuana y la guerra contra las drogas le resultó bárbara [...] La penalización está reforzada en la envidia generacional que les tienen los adultos a los jóvenes. Antes los jóvenes querían ser adultos y ahora los adultos quieren ser jóvenes. ¿Por qué un gordo con apnea que está tomando un vino lija, comiendo massini de noche y mirando a Tinelli tiene que estigmatizar a un joven que está fumando un porro y mirando un video de Bob Marley? Ahí hay nada más que envidia generacional, por tener mayor capacidad de consumo, hedonismo y aventura”.

Bayce consideró que la penalización es un gran negocio, al menos para cinco grandes grupos de adultos: para los grandes capitalistas del ciclo completo de las drogas (inversión de capital, insumos, materias primas, laboratorios en varios niveles, transportadores, intermediarios); para los encargados de prevenir y reprimir (policías, militares, aduanas, etcétera); para la prensa sensacionalista y profesionales afines a ellos (abogados, escribanos, contadores, profesionales de la salud, clínicas que magnifican las cosas para sacarles la plata a los padres asustados de los nenes que tienen porros en los bolsillos, como FundaciónManantiales y Remar); para los políticos y geopolíticos para control interno y externo; para los lavadores de dinero.

Finalmente, Eira partió del significado semiótico de la palabra “legalización”, por lo que prefirió decir que es partidario de “una modificación radical de la normativa jurídica vigente, en el sentido de que estrictamente no se puede legalizar o ilegalizar un objeto sino lo que con ese objeto se hace”.

Eira expuso que la variable etnográfica es fundamental para entender las prácticas de consumo de drogas del colectivo que la realiza. “Los daños que se pueden producir a través de una práctica siempre están determinados por una multiciplidad de variables y condiciones de uso. Tienen que ver con las sustancias, con el organismo receptor y con el universo simbólico por el cual esa práctica se realiza. El consumo de mate tiene un alto riesgo sanitario, y cualquier investigador que no conozca el universo simbólico en el que nos movemos pensará que tenemos una cultura suicida, pero cuando tomamos mate sabemos que vale la pena correr esos riesgos en función de sus beneficios. De alguna manera, lo que hacemos es tratar de reducir esos riesgos al mínimo porque consideramos necesarios sus beneficios”,concluyó.