¿Quiénes somos y qué pensamos?

Prolegal es parte de Proderechos, un colectivo que desde el 2006 trabaja para el cambio en la normativa sobre drogas en Uruguay, la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y el apoyo a las iniciativas en pro de los derechos de la diversidad sexual.

Luchamos por la despenalización de la marihuana y por la construcción de políticas en materia de drogas, teniendo en cuenta siempre los derechos de los ciudadan@s y de los usuari@s, y con el firme deseo y convencimiento de que es posible una sociedad con sujetos más libres y capaces de elegir. Por eso, ponemos en el eje del debate la búsqueda de reformas culturales capaces de socavar el conservadurismo imperante, con miras a una sociedad radicalmente democrática.

Defendemos un modelo en el que el Estado actúe efectivizando los derechos de los usuari@s y de la comunidad toda. De esta manera, promovemos que el Estado debe ser utilizado como un canal para la prevención y la promoción del ejercicio de los Derechos de sus ciudadan@s. A su vez, se debe promover por parte del mismo la diversidad de tratamientos para los diferentes consumos problemáticos de drogas lícitas e ilícitas, con el fin de buscar soluciones responsables ya que creemos que no existe ningún argumento legítimo para sostener la actual política y regulación legal en materia de drogas.

El actual sistema no puede defenderse desde el argumento que dice buscar la protección de la salud pública, ya que no brinda servicios accesibles y de calidad en materia de drogas que en algunos casos llega hasta el extremo de romper la relación del usuario con el sistema de salud y educativo. Si se argumenta que este sistema busca castigar conductas desviadas no se entiende porqué la propia norma habilita el consumo.

Las políticas y el marco legal actual han estigmatizado y excluido a los consumidores vulnerando sus derechos a través de un doble discurso que asocia las sustancias a los peores problemas de la sociedad.

Así como  un consumidor de alcohol y/o de tabaco no es criminalizado por su opción de consumo, consideramos que el consumo de sustancia alguna amerita que se lo considere un delito tan grave como para llegar a la privación de libertad. La ley debe garantizar que ninguna persona sea privada de su libertad solo por la cantidad de sustancia que posee.  El Estado deberá probar que es una situación de tráfico y no de consumo. Así también deberá garantizar las políticas sanitarias asistenciales y preventivas adecuadas a los diferentes tipos de consumo.

El marco legal vigente genera una contradicción que coarta los derechos de los consumidores. El consumo y la tenencia para consumo están específicamente protegidos por la ley. El problema surge a la hora de conseguir la sustancia que la ley te permite tener. Es delito la producción, la compra, la venta o el suministro. Están totalmente prohibidos. Algo no cierra. La única forma de conseguir una sustancia para consumir sin violar la ley es que te llueva del cielo.

Además, la tenencia no está regulada, no existe una cantidad específica que sea considerada para consumo. Esto queda a consideración del juez que determinará, según el contexto, si esa cantidad es la permitida o no. Los consumidores entonces quedan rehenes de un sistema represivo. La policía te puede detener a pesar de estar seguros de que se encuentran ante una situación de simple consumo, aduciendo que eso lo tiene que determinar el juez. Y tu suerte judicial va a depender de lo que el juez valore según la situación.

Consideramos que la ley genera vendedores, productores y compradores "criminales". El simple consumidor sabe que el momento de la compra es siempre el más arriesgado, tanto por la actividad policial del Estado como por el perfil de los vendedores, y el clima violento que suele existir en estas transacciones. Por otro lado, está prohibido el autocultivo para uso personal a pesar de que esta es una opción real para combatir el narcotráfico ya que cada uno produciría la marihuana que consume.

Cualquier crítica que pretenda cuestionar esta política estatal es reprimida por el argumento de que se opone a "la lucha contra las drogas", "contra el narcotráfico" o "contra la seguridad". Nuestra intención es que el sistema político analice específicamente la situación del ciudadano que se ve envuelto en una problemática legal por consumir marihuana.

Qué proponemos?

• La cantidad de sustancia que posea un usuario no puede ser utilizada por la policía o por los actores del sistema judicial como un elemento probatorio de una situación de tráfico. Dicha “prueba” debe estar acompañada por elementos contextuales (balanzas, fotos, entre otros) que evidencien la situación de tráfico. De lo contrario se considerará que dicha cantidad tenía un uso destinado al consumo.
• Deberán implementarse mecanismos regulatorios que permitan separar los mercados de las diferentes sustancias.
• Se habilitará taxativamente el uso de sustancias psicotrópicas o psicoactivas como insumos para los tratamientos de mantenimiento o sustitución para usuarios problemáticos (marihuana, metadona, clorhidrato de cocaína), así como deberá facilitarse el acceso a medicamentos controlados para estos tratamientos (naltrexona ente otros).
• Se deberá especificar en la normativa la diferencia entre la figura penal de suministro gratuito u oneroso y el consumo colectivo.
• Se deberán instaurar mecanismos como el principio de oportunidad de aplicación de la ley, medidas alternativas a la privación de la libertad.
• Habilitar la comercialización y/o suministro de marihuana por parte de privados y/o del Estado en lugares controlados y habilitados por el Estado para este fin específico. La ley 17.016 habilita al Poder Ejecutivo “a modificar o ampliar el contenido de las listas y tablas a que refiere la presente ley, incluyendo o excluyendo sustancias o trasladándolas de una a otra, con los asesoramientos previos que en ella se determinan.”
• Habilitar la plantación para autoconsumo, que puede representar una solución alternativa o complementaria para habilitar legalmente el acceso al consumidor de marihuana. A estos efectos se deberá regular/legislar la venta y/o suministro de semillas.