Las declaraciones de la Ministra del Interior Daisy Tourné en relación a la incautación de 700kg de marihuana el 14 de noviembre del 2007 no fueron muy acertadas. Entre otras cosas dijo que el operativo llevado a cabo por la Brigada de Narcóticos contribuiría a "salvar a muchos jóvenes". No nos podíamos quedar callados ante esta barbaridad y se hizo necesaria una declaración para salirle al cruce a estos dichos.

Ante la reciente incautación de 700kg de marihuana el día 14 de noviembre del corriente año queremos manifestar nuestro desconcierto ante las declaraciones de la señora ministra del Interior Daisy Tourné respecto a que el operativo llevado adelante por su cartera contribuiría a “salvar a muchos jóvenes”. Dichas declaraciones no están a la altura del cargo público que la ministra ocupa. Las políticas de drogas, sean de salud, educativas o penales, deben ser implementadas con objetividad, racionalidad técnica y con criterios de transversalidad e integralidad.

Asociar la problemática de las drogas a la juventud no hace más que consolidar una visión equivocada ante la opinión pública según la cual la juventud es el principal sector social afectado por el uso problemático de sustancias psicoactivas, y en la que esas sustancias aparecen como agente externo (una especie de virus vivo y malintencionado) que debe ser “combatido” y “expulsado” del cuerpo social.  El uso de drogas de todo tipo y color ha estado ampliamente extendido en las sociedades todas (no sólo en la juventud). Solamente en una minoría de personas el consumo se vuelve problemático, y en mucha menor proporción en el caso de la marihuana. Las declaraciones de la ministra sólo alimentan la desinformación y la hipocresía de una sociedad gerontocrática y autoritaria, que lo único que logra es fortalecer la estigmatización y criminalización de la juventud, y que para nada ayudan a construir una sociedad más democrática basada en la tolerancia y en el respeto a la diversidad. 

Exigimos un cambio radical cambio de rumbo en las políticas penales y represivas llevadas por este gobierno en materia de drogas. Una política progresista debe basarse en el respeto al derecho a consumir de los ciudadanos, un derecho que la ley establece, y que debe ser protegido en vez de ser considerado una “enfermedad” y potencial conducta criminal. Hoy en día, al comprar marihuana o plantarla en las casas para el auto-consumo, cientos de jóvenes corren el riesgo de verse sometidos a la arbitrariedad de jueces y policías. Es necesario abandonar las políticas represivas actuales y encarar la problemática desde la óptica de la reducción de daños y riesgos, con medidas que jerarquicen el acceso irrestricto a la información de los ciudadanos y brinden los servicios de salud adecuados cuando se presentan usos problemáticos. 

Es preciso que nuestro gobierno abandone discursos demagógicos, convocando a un debate abierto y democrático sobre las políticas de drogas. Dicha convocatoria debe incluir una revisión profunda de las leyes y decretos actualmente vigentes, paso fundamental para eliminar los aspectos moralizantes y represivos que hoy sobreviven en un marco legal heredado de la dictadura.  

ProLegal - Montevideo, 15 de noviembre de 2007